Mabel Lander 9 abril, 2026
El problema no es la falta de turbinas ni de represas. Tampoco es un asunto de cables viejos o plantas obsoletas. El problema, sostiene el ingeniero José María de Viana, es otro: Venezuela desmontó —de forma deliberada— el modelo que hacía que todo funcionara.
Esa es la idea central que atraviesa su conversación con Emilio Figueredo en Analítica TV. Con datos en mano y comparaciones regionales, De Viana desmonta uno de los lugares comunes más repetidos sobre la crisis de los servicios públicos: que se trata de un colapso técnico. Su conclusión es más incómoda y, a la vez, más precisa: el deterioro es institucional.
Hubo un país —no tan lejano— donde el sistema eléctrico venezolano figuraba entre los más avanzados de América Latina. A finales de los años noventa, no solo lideraba en consumo per cápita, sino que operaba con estándares de alta capacidad, como la transmisión a 765 kV, una rareza incluso a escala global. La cobertura era prácticamente total: cualquier localidad con más de 500 habitantes tenía electricidad garantizada.
Detrás de ese funcionamiento había una arquitectura diversa: unas once empresas, públicas y privadas, articuladas por la Oficina de Operación del Sistema. Ciudades como Maracaibo llegaron a exhibir niveles de servicio comparables con los mejores del mundo.
Nada de eso desapareció del todo. La infraestructura sigue ahí, pero degradada, sin mantenimiento y, sobre todo, sin el modelo que la sostenía.
El quiebre llegó en 2007. El Estado absorbió las empresas privadas, eliminó el esquema mixto y concentró todo en una sola estructura: Corpoelec. Con ello, también cerró la puerta a la participación privada en la generación eléctrica. Para De Viana, aquello no fue una reforma sino un retroceso: un diseño centralizado que, desde su origen, estaba destinado a fallar.
Las cifras hoy son elocuentes. Venezuela cuenta con más capacidad instalada que Colombia y Perú juntos, pero apenas utiliza una fracción —alrededor de un tercio— de ese potencial. Mientras tanto, esos países operan con decenas de empresas generadoras y niveles de disponibilidad que superan el 90%.
La diferencia no está en los recursos, insiste De Viana, sino en cómo se gestionan.
El impacto se siente también en las finanzas. Sistemas como el colombiano o el peruano generan miles de millones de dólares al año en ingresos. Corpoelec, en cambio, recauda una cantidad que apenas alcanza para sostener operaciones mínimas. Sin ingresos, no hay mantenimiento; sin mantenimiento, el deterioro se acelera.
El caso del gas en el oriente del país ilustra la misma lógica. Venezuela quema —literalmente— un volumen de gas que equivale al consumo anual de Colombia. No se aprovecha, no se comercializa, no se traduce en ingresos. La razón, nuevamente, es estructural: el modelo vigente impide que actores privados participen en su aprovechamiento.
El resultado es un círculo vicioso que termina afectando todo. Porque, como subraya De Viana, la electricidad no es un servicio más: es la base de todos los demás. Sin energía no hay agua potable, ni telecomunicaciones, ni producción petrolera sostenible.
Las ciudades venezolanas hoy reciben apenas una fracción del agua que tenían hace dos décadas. Y ante la caída de la producción, la respuesta ha sido administrar la escasez: racionamientos, turnos, distribución intermitente. Un sistema que no resuelve el problema, solo lo reparte.
A eso se suma otro factor menos visible, pero igual de crítico: la pérdida de capital humano. Casos como el del túnel de Huamacán, que dejó a una ciudad sin agua durante semanas, evidencian no solo fallas operativas, sino la ausencia de equipos técnicos capaces de responder. Durante años, el talento se fue. Y no ha sido reemplazado.
¿Se puede revertir esta situación? De Viana cree que sí, pero advierte que no pasa por soluciones superficiales. La recuperación requiere inversión —entre 15.000 y 20.000 millones de dólares—, pero sobre todo un cambio de fondo: desmontar el monopolio, reintroducir competencia y establecer reglas claras y transparentes.
Sin eso, reparar infraestructuras será apenas un paliativo.
Con un giro en la gestión, algunas ciudades podrían ver mejoras en cuestión de meses. En un horizonte de cinco años, incluso, el país podría reconstruir un sistema eléctrico funcional. Pero el punto de partida no es técnico. Es político y gerencial.
