Humberto Garcia Larralde. 5 de mayo 2026.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com
La calidad de las instituciones existentes en Venezuela afectan las posibilidades de que la remoción de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, derive en una transición a la democracia. Como señaló el Premio Nobel de Economía, Douglass North, éstas son las reglas de juego que moldean, con premios y castigos, el comportamiento de quienes integran una sociedad. Hoy, al estar desdibujadas estas “reglas de juego” en Venezuela, dada la superposición de intereses que se entrecruzan, no está clara la transición, ni hacia dónde nos dirigimos.
Cabe definir, entre otras cosas, cómo será usufructuada la renta petrolera, asunto que ha marcado de forma determinante nuestra historia. Como quiera que las instituciones no se erigen de un día para otro ni resultan de una simple decisión administrativa, conviene considerar ya el marco institucional que habrá de regir el aprovechamiento de esta riqueza del subsuelo, ya que incide en las acciones que deben tomarse desde ahora. Se asume que el futuro que deseamos para Venezuela supone superar el modelo rentista que, con los márgenes de discreción política que habilitó, fue distorsionando el proceso de modernización del país hasta desembocar en la monstruosa experiencia padecida durante los últimos 27 años bajo dominio chavo-madurista.
Comencemos definiendo lo qué entendemos por renta. Es un ingreso extraordinario que percibe el propietario de un recurso, por encima del costo de oportunidad de explotarlo en condiciones de competencia. Mis excusas por la jerga económica, pero permite precisar sus elementos. Uno, no remunera el servicio prestado por un factor productivo, sea empresario o trabajador. Es un ingreso derivado de la propiedad ejercida sobre un recurso. Segundo, es extraordinario, por encima del ingreso que se obtendría en un mercado donde compiten muchos oferentes entre sí. Es, por ende, un ingreso monopólico, posible por la existencia de mecanismos institucionales que anulan la competencia.
El caso que nos concierne es el de la renta internacional captada al vender crudo de nuestro subsuelo en los mercados mundiales, a precios muy superiores a sus costos de producción. Entre 1974 y 2010, el reputado economista venezolano, Asdrúbal Baptista, estimó una renta cercana al 14% del PIB registrado por el BCV. Tomó el beneficio del productor de petróleo en EE. UU. como referencia, por ser el menos eficiente. Toda ganancia percibida en Venezuela por encima de ese margen sería renta. Suponiendo una tasa de ganancia “normal” equivalente al 15%, la ganancia extraordinaria (renta) se acerca al 19% del PIB para ese mismo lapso. Si no varían los costos, mayores precios del crudo generan mayor renta. Con Chávez, el barril llegó a sus máximos históricos, por encima de $100.
Nuestro ordenamiento constitucional, con base en una interpretación discutible del decreto de Minas promulgado por el Libertador en Quito, el 24 de octubre de 1829, asigna la propiedad del subsuelo al Estado. Los distintos gobiernos que han administrado el Estado se adjudicaron las cuantiosas rentas internacionales captadas por medio de regalías y otros impuestos. Pérez Jiménez las aprovechó para apuntalar su “Nuevo Ideal Nacional”, invirtiendo en infraestructura física. En general, estos recursos financiaron la estrategia de “sembrar el petróleo”, es decir, la promoción de la diversificación productiva del país con incentivos fiscales y financieros, una política estatal de compre venezolano y un mercado doméstico inflado por el poder de compra de un bolívar sobrevaluado, pero protegida con elevados aranceles. La inversión en infraestructura y servicios, además de mejorar las condiciones de vida de la población, redujo los costos de transacción de las actividades económicas.
Rentas petroleras financiaron la panoplia de incentivos que impulsaron esta estrategia. Con el alza de precios del crudo luego de la guerra de Yom Kippur (1973) parecían ilimitadas, proveyendo al ejecutivo de mayores libertades para sus gastos. Amplió sus márgenes de discrecionalidad, lo cual degeneró, progresivamente, en prácticas populistas y clientelares, fortaleciendo el presidencialismo. Además, al sobrevaluar el bolívar, las rentas dificultaron la competitividad buscada al “sembrar el petróleo”. Motivó la protección al mercado interno para la producción local. La liberalización económica bajo CAP II intentó anular este efecto, deslizando progresivamente el tipo de cambio, una política conocida como “crawling peg”. Ello retroalimentó, sin embargo, el alza de precios, impidiendo derrotar la inflación.
Las dificultades para competir del aparato productivo no petrolero en una economía abierta que capta enormes rentas externas se tradujeron en lo que llamé entonces una “paradoja cambiaria”. La tasa de cambio inflaba la capacidad de compra externa del bolívar por encima de la interna (sobrevaluación). No obstante, contra lo que indicaría la teoría en tales circunstancias, la balanza comercial arrojaba saldos positivos. La paradoja se explica porque las rentas captadas al vender nuestro crudo afuera no remunera ningún esfuerzo productivo. Son un “tributo” del propietario del recurso y, como tal, no son ingresos de exportación. Deberían contabilizarse como una transferencia unilateral. Inflan el poder de compra del venezolano por encima de la productividad real (sin renta) de la economía. Encarecer el dólar para corregir la sobrevaluación y favorecer, así, la competitividad de la producción doméstica, disminuye ese poder adquisitivo, por lo que, de no presentarse déficits en las cuentas externas, era mejor mantener el dólar barato. Y esa fue la política que adoptó el BCV.
La estrategia actual del protectorado impuesto por EE. UU. concentra la recuperación de la economía en aumentar la producción petrolera. De prosperar, enfrentaremos la disyuntiva planteada por la “paradoja cambiaria”: diversificar la producción más allá del petróleo o inflar nuestro poder de compra con base en un recurso natural de gran volatilidad de precios. Si se dolariza por completo la actividad económica, esta disyuntiva no desaparece. Igualmente, el país recibirá rentas petroleras que aumentarán la capacidad adquisitiva de los venezolanos por encima de lo que dicta su productividad relativa. Dificulta, por igual, la competitividad de la producción no petrolera. Existen, además, una serie de inconvenientes adicionales de la dolarización que no discutiré en este escrito. Sea como sea, está en nuestro interés superar la vulnerabilidad derivada de depender del petróleo, sobre todo cuando queremos recuperar, cuanto antes, un aparato productivo doméstico prácticamente destruido.
En el pasado, un contexto de precios externos desfavorables como el que deriva de la captación de importantes rentas internacionales, llevaba a proteger la producción doméstica con mayores aranceles o a mantener deprimidos los salarios reales. Ninguna de estas opciones es, hoy, deseable. La alternativa está en ahorrar esas rentas en un fondo soberano en divisas, sin que entren directamente a la circulación interna. Evita las distorsiones derivadas de su usufructo discrecional por parte de los gobiernos de turno y hace que el incremento en la capacidad de compra de la población obedezca al incremento de la productividad doméstica –como debe ser– pero en un marco favorable a su desarrollo competitivo sostenido. El fondo habrá de capitalizarse con inversiones internacionales, proveyendo recursos que, entre otras cosas, podrían alimentar las prestaciones sociales y la jubilación de empleados y trabajadores. Permitirá rescatar su remuneración como salario, sustituyendo la excesiva bonificación actual, para mayor seguridad y previsión de millares de familias venezolanas. A la vez, el Fondo reducirá la vulnerabilidad financiera externa del país. Una situación definitivamente más sana.
El problema es que, sin un protagonismo activo de los venezolanos en forjar su destino, otros intereses están decidiendo hoy sobre el usufructo actual y futuro de las rentas captadas por la venta de nuestro crudo en el mercado internacional. Y parecen estar interesados en perpetuar el rentismo, pero jalando cada uno para su propio lado. Sin transparencia, ni rendición de cuentas, los venezolanos quedamos en ascuas. Es menester, por tanto, recuperar, cuanto antes, la soberanía popular, de forma de ir moldeando, conforme a nuestras posibilidades, el país que queremos. Y la única alternativa para ello, en una verdadera democracia, es convocar elecciones transparentes y confiables, en condiciones de plenas garantías políticas y con medios de comunicación libres. ¡Nos toca decidir lo nuestro!
