Un agricultor muestra semillas de trigo. Efeagro/Mauricio Dueñas Castañeda
Efeagro, 1 de abril de 2024
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha presentado a los agricultores un plan de 43 medidas con el que intenta satisfacer sus reivindicaciones y poner fin a las protestas iniciadas a principios de febrero.
El documento, al que ha tenido acceso Efeagro, recoge propuestas de flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), en línea con lo anunciado por la Comisión Europea y aprobado por los países de la Unión Europea, junto a otras nuevas como la prórroga de normativa de sanidad ganadera y de fertilización.
A continuación, una lista con las principales medidas, que deben ser aún sometidas al debate interno por parte de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.
– Medidas de simplificación y flexibilización en la aplicación de la condicionalidad reforzada de las ayudas directas de la PAC a la gestión de la labranza, la cobertura mínima del suelo, la rotación de cultivos y el porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada al barbecho.
– Exención de controles y penalizaciones de condicionalidad reforzada a las explotaciones que tengan hasta 10 hectáreas, que en España representan 345.000 beneficiarios (el 55 % del total).
– Medidas de flexibilización y simplificación para aplicar las ayudas a los ecorregímenes de la PAC, en concreto en superficies de pastos, tierras de cultivo, cubiertas en cultivos leñosos y espacios de biodiversidad.
– Flexibilidad para aplicar los ecorregímenes de la PAC en la solicitud única de 2024, en determinadas cuestiones como la reducción de carga ganadera mínima, el incremento del porcentaje de barbecho y la realización de labores superficiales en cubiertas de leñosos.
– Propuesta a la Comisión Europea para que se elimine la obligación de que los agricultores tomen fotos geoetiquetadas para demostrar el estado de los cultivos y otros requisitos establecidos en las ayudas.
– Ayudas e incentivos para facilitar la aplicación del cuaderno digital de explotación, que tendrá carácter voluntario.
– Prórroga de un año en la obligatoriedad de la identificación electrónica para los bovinos y en la fecha de aplicación del plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas.
– Flexibilización de requisitos de la aplicación del decreto de ordenación bovina.
– Aplicación simplificada para el sector de vacuno de carne español del reglamento relativo a la comercialización en la Unión Europea (UE) y la exportación de terceros países de productos asociados a la deforestación, de forma que no tengan que soportar cargas burocráticas.
– Retraso de un año en la obligación de adoptar el plan de abonado y un año respecto a la obligación de contar con un asesor de fertilización, dentro de las medidas de simplificación relativas al decreto de nutrición de suelos.
– Inspección única integrada a los agricultores y ganaderos, previo acuerdo con las comunidades autónomas, para que no haya más de una inspección al año.
– Defensa del Gobierno en foros comunitarios y multilaterales a la aplicación de las cláusulas espejo en las relaciones comerciales.
– Grupo de trabajo permanente para el seguimiento de las exportaciones importaciones agrarias.
– Refuerzo de la coordinación de los servicios de inspección en frontera a las importaciones de terceros países.
– El Gobierno velará porque no se autorice a nivel europeo ninguna tolerancia a la importación a través del establecimiento de límites máximos de residuos (LMR) y fijará a cero el LMR de los productos no autorizados en la UE para las importaciones en su territorio.
– Refuerzo de la capacidad inspectora de la Agencia de Control e Información Agroalimentarios (AICA), que pasa a ser agencia estatal.
– Incremento del número de operaciones comerciales inspeccionadas y publicación de las multas acumuladas.
– Reuniones trimestrales, en lugar de cada seis meses, del Observatorio de la cadena sobre costes y márgenes, y mayor publicación de estudios de márgenes para las distintas cadenas de alimentos.
– Actualización de la directiva europea de prácticas comerciales desleales.
– Garantía del apoyo del plan de seguros agrarios combinados de 2024, con un incremento de ocho puntos porcentuales a la subvención de las pólizas suscritas por los agricultores y las explotaciones prioritarias.
– Análisis de posibles instrumentos para cubrir la siniestralidad extraordinaria con fondos complementarios.
– Subvenciones máximas para agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y jóvenes en 2025; exención de modulación para dichos grupos.
– Mantenimiento de la fiscalidad del gasóleo agrícola, la deducción de un 35 % de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario, y de un 15 % de la de fertilizantes.
– Reducción general del 15 % en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023 en el método de estimación objetiva de IRFP; y adaptación del cómputo de los ingresos para aplicar el límite máximo de tributación.
– Línea de crédito con una dotación extraordinaria de 20 millones de euros y 7 para avales, con subvención del 15 % del principal y de la totalidad del aval, que implica la movilización de 200 millones de euros en exclusiva para jóvenes.
– Aportación del MAPA de 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito entre 100.000 euros y 2 millones de euros por un importe total de 500 millones de euros.
– Incremento del límite de ayudas «de mínimis» del Estado, de 20.000 a 25.000 euros.
– Medidas de apoyo en materia de sanidad animal, en concreto a las campañas sobre tuberculosis.
– Convocatoria de un foro de ganadería extensiva y de una conferencia sectorial monográfica sobre el relevo generacional y la incorporación de jóvenes agricultores.
Cofinanciado por la Unión Europea
Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.
Los agricultores y los Gobiernos de la Unión Europea (UE) tienen por delante muchos deberes legislativos y ambientales , el año de tránsito hacia la aplicación de la nueva Política Agrícola Común (PAC).
El año servirá para preparar la aplicación de una de las reformas agrícolas más ambiciosas de la historia comunitaria, que la UE culminó en 2021 y que entrará en vigor en 2023. Además, se cumple el 60 aniversario de la PAC, en un contexto crítico mundial por la salida de la pandemia, el alza de precios de las materias primas y el cambio climático.
Estas son las claves de la PAC y de las tareas pendientes hasta su puesta en marcha.
Una PAC más verde con más responsabilidad nacional
La principal novedad de la PAC es la responsabilidad que da a los Gobiernos en el reparto de las ayudas y en la gestión. También incrementan las medidas medioambientales, entre ellas la introducción de los eco-esquemas, que supone que un 25 % de las ayudas primen prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
Cifras
La PAC afecta a diez millones de empresas agrícolas de la UE y contará con 386.000 millones de euros, 47.724 millones para España. Unos 664.000 agricultores españoles solicitaron en 2021 pagos directos (excluye desarrollo rural).
El plan español
España presentó a la Comisión Europea (CE) su plan estratégico inicial para la nueva PAC a finales de diciembre. El Gobierno prevé enviar un texto definitivo con posibles ajustes tras las observaciones recogidas en la consulta pública y la evaluación ambiental, junto con las eventuales alegaciones de Bruselas.
De los fondos para España, 4.800 millones se destinarán cada año a ayudas directas; 700 millones a medidas de mercado y 1.700 millones al desarrollo rural.
El plan incluye ayudas asociadas a la producción para los sectores en dificultad, valoradas en 700 millones, para remolacha, arroz o uva pasa; según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los ganaderos serán los primeros en recibirlas, en particular los de producción extensiva, y se incrementarán los fondos para el vacuno de leche y el caprino.
Habrá más ayudas a los jóvenes y se introducirá una prima del 15 % para las mujeres que se incorporen a la actividad, así como intervenciones sectoriales por 612 millones, con programas para frutas, hortalizas, vino, apicultura y olivar extensivo.
Dictamen de la CE
La CE ha recibido una veintena de planes estratégicos nacionales (entre ellos el español) y los evaluará en el primer semestre.
En marzo o abril, Bruselas remitirá a los países sus primeros dictámenes con propuestas para que hagan cambios acordes con los objetivos del Pacto Verde europeo.
Convergencia entre regiones
El campo será regulado en 2022 por la reglamentación transitoria de la PAC hasta que entre en vigor la reforma.
El real decreto español sobre las condiciones de las ayudas aplica ya la llamada “convergencia” entre las regiones, es decir, la aproximación entre los distintos importes de los derechos de pago que tiene cada agricultor para acercarlos hacia un montante medio, y hacia el nuevo sistema.
Nueva ley española
El Gobierno español ha presentado una ley para implantar un nuevo sistema de gestión de la PAC que haga «más eficiente» su aplicación.
Afecta a las penalizaciones y sanciones si los beneficiarios no cumplen las condiciones para acceder a las ayudas y en otras materias relacionadas con esta política.
Además, el Gobierno prevé aprobar 17 decretos para desarrollar el nuevo régimen de la PAC.
Opinión de los agricultores
El plan estratégico «es el inicio del camino», según un documento de las Cooperativas Agroalimentarias sobre la nueva PAC, quienes no obstante añaden que existe un margen muy reducido para cambios.
Las cooperativas han recordado que entre las recomendaciones de la CE no tratadas en el plan estratégico nacional figura el cien por cien de cobertura de banda ancha en las zonas rurales, que «vendría integrado» dentro de la Agenda Digital española 2025.
Las organizaciones del sector agrario han mostrado su preocupación por el incremento de costes que supondrá el nuevo enfoque verde y en las movilizaciones programadas para 2022 pedirán una PAC más justa.
