Pablo González-Cebrián/ Fotos iAgua. 06/09/2024
Vicepresidencia Cuarta del Gobierno de España – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Liderado por Teresa Ribera.
Se podrán realizar propuestas, observaciones y sugerencias a los documentos presentados hasta el 2 de diciembre.
En total se identifican seis nuevas zonas de alto riesgo de inundación que superan los 284 kilómetros de cauces.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) inició el 3 de septiembre el periodo de consulta pública de la revisión y actualización de evaluación preliminar del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
La Directiva 2007/60/CE (Directiva de Inundaciones) y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la transpone, establecen la obligación de revisar y actualizar cada 6 años la evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI).
El resultado de la EPRI es la selección de las zonas de la demarcación hidrográfica sometidas a un mayor riesgo de inundación, denominadas áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) de las que se elaboran los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. Esta evaluación se realiza a partir de la información disponible (inundaciones históricas, circunstancias actuales de ocupación del suelo, existencia de infraestructuras de protección, estudios del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, planes de protección civil, etc.), teniendo en cuenta las repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones.
La consulta pública que ahora se inicia corresponde al tercer ciclo de planificación de la gestión de los riesgos de inundación y es una actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación aprobada mediante resolución de 12 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Como resultado de esta revisión, se han identificado en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias seis nuevos tramos de alto riesgo de inundación correspondientes a casi 285 kilómetros, lo que suma un total de 669 ARPSI y 8.646,96 km en el ámbito intercomunitario, incluyendo el ámbito de las cuencas internas del País Vasco de la demarcación del Cantábrico oriental.
A ello habría que sumar 200 ARPSI y 726,47 km de la demarcación intracomunitaria de Galicia-Costa, que inició su consulta pública el 8 de agosto y que ha identificado 2 nuevas ARPSI y 17,70 km en esta revisión.
Se han identificado en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias seis nuevos tramos de alto riesgo de inundación correspondientes a casi 285 kilómetros
Como en los ciclos anteriores, se ha trabajado coordinadamente con todas las autoridades competentes, especialmente con las autoridades de Protección Civil; se han analizado en detalle los episodios de inundación ocurridos desde la anterior revisión de 2018, y se ha contado con la información relativa a los daños causados por las inundaciones, proporcionada por el Consorcio de Compensación de Seguros, y con la actualización de los estudios y metodologías relativos a la incidencia del cambio climático en las inundaciones realizada por el CSIC y el CEDEX. Todo ello teniendo en cuenta las recomendaciones que la Comisión Europea hizo a España en su evaluación de la EPRI de segundo ciclo.
Desde el 3/09/2024 se pueden consultar los documentos disponibles en los portales web de las confederaciones hidrográficas y en el del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y realizar aportaciones, observaciones y sugerencias dirigidas al organismo de cuenca respectivo.
Una vez analizadas y contestadas las alegaciones en cada demarcación, los documentos de la EPRI consolidados se someterán a informe de los respectivos Comités de Autoridades Competentes. Posteriormente, las confederaciones los remitirán al MITECO para su aprobación por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, previo informe del Comité Permanente del Consejo Nacional de Protección Civil.
Finalmente, tal como establece la Directiva, la revisión y actualización de estos trabajos se deberá remitir a la Comisión Europea antes del 22 de marzo de 2025.
