Un año después de la propuesta de Bruselas, Consejo y Parlamento avanzan por vías distintas sobre el Fondo Único y el recorte presupuestario. Dos articulos Alberto Massot y Ignacio Atance Muñiz.
Alberto Massot Marti, 1º de septiembre 2026. Plataforma Tierra. F Cajamar.
Ha pasado más de un año desde que, en julio de 2025, la Comisión Europea presentó su paquete legislativo sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. La propuesta plantea un suelo de gasto mínimo para el apoyo a la renta agraria que, en la práctica, implica un recorte respecto al presupuesto total que la PAC tiene asignado en el periodo actual. Y no se limita a eso: plantea, además, abolir los dos Pilares tradicionales de la PAC y sus respectivos Fondos, el FEAGA y el FEADER, integrando el grueso del apoyo agrario en un nuevo Fondo único que cubre también cohesión, pesca y otras políticas. Doce meses después, con el Consejo y el Parlamento Europeo avanzando a ritmos y por vías distintas, estas líneas repasan el estado de las negociaciones: qué se decide, quién lo decide, y qué escenarios se dibujan para los próximos meses. El análisis completo puede descargarse en la Plataforma.
Qué se negocia y quién decide
Del conjunto de propuestas que integra el paquete del MFP, seis expedientes inciden directamente en la futura PAC. Dos son de naturaleza estrictamente financiera y se deciden mediante procedimientos especiales en los que la última palabra la tiene, por unanimidad, el Consejo Europeo (los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27), con un papel residual del Parlamento: la simple consulta para la Decisión sobre el nuevo sistema de recursos propios, es decir, los ingresos que van a sostener el conjunto del gasto comunitario; y el consentimiento para el Reglamento que fija las rúbricas del MFP 2028-2034 y el reparto entre políticas, incluida la PAC. Las dos piezas están estrechamente unidas: sin acuerdo previo sobre cómo obtener más ingresos para la Unión, cualquier crecimiento del gasto que se plantee en el MFP es agua de borrajas.
Los otros cuatro expedientes se deciden en codecisión, con el Consejo y el Parlamento en pie de igualdad y hasta tres lecturas posibles antes de una eventual conciliación: el Reglamento financiero horizontal, que establece el marco de seguimiento de los programas; el Reglamento constitutivo del nuevo Fondo Único Territorial, que sustituye al FEAGA y al FEADER; el Reglamento de ayudas de la nueva PAC propiamente dicho; y la revisión del Reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM). De estos cuatro actos jurídicos, solo los dos últimos —ayudas de la PAC y OCM— son adoptados formalmente por el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca (AGRIFISH); el resto recae en el Consejo de Asuntos Generales. Situación a comparar con los procedimientos del segundo colegislador, el Parlamento Europeo: su comisión de agricultura (COMAGRI) interviene sobre el fondo en los reglamentos del Fondo Único, las ayudas de la PAC y la revisión de la OCM, y da su opinión sobre el marco de rendimiento.
Sin acuerdo previo sobre cómo obtener más ingresos para la Unión, cualquier crecimiento del gasto en el MFP es agua de borrajas
Conviene tener presente el calendario. El procedimiento ordinario, incluso en su versión más simplificada, exige un mínimo de año y medio desde su inicio, lo que sitúa el mejor escenario posible a finales de 2026. A la vista de los escasos avances registrados durante este primer año largo de negociaciones, ese plazo se perfila como un escenario difícil de cumplir.
Cómo van las negociaciones: los movimientos del Consejo
El Consejo ha trabajado en tres frentes en paralelo. Primero, la depuración legislativa: el Reglamento de ayudas de la PAC nació con apenas 25 páginas y una calidad técnica deficiente, así que el Consejo ha ido trasladando a él disposiciones dispersas en el Reglamento del Fondo Único, adoptando una versión consolidada en marzo de 2026. Segundo, la construcción del ‘Marco de Negociación’ o directrices financieras a decidir por el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno: tras una primera plantilla de la Presidencia Danesa en diciembre de 2025, la Presidencia Chipriota presentó en junio de 2026 un proyecto con cifras que recortaba el MFP en un 1,89 % respecto a la propuesta inicial, dejando intacta la Caja de Rentas Agrarias, concentrando el ajuste en otras rúbricas e incluso mejorando ligeramente la política de cohesión —un planteamiento propio de países como Chipre, próximos al llamado ‘grupo de amigos de la cohesión’. Frente a ellos, los ‘Estados frugales’, opuestos tanto a un aumento de los ingresos comunitarios como a un nivel de gasto global más elevado, rechazaron el enfoque chipriota en el Consejo Europeo de junio, que encargó a la Presidencia Irlandesa una nueva propuesta para la cumbre de octubre, con la decisión definitiva prevista para diciembre de 2026. Tercero, la adopción de mandatos parciales de negociación (sin cifras) —ya cerrados para el Fondo Único Territorial, el Fondo de Competitividad, el Fondo Europa Global, el marco de rendimiento y los dos fondos de cohesión.
El balance, de momento, es claro: el Consejo acepta sin apenas reparos el cambio de gobernanza agro-financiera y el Fondo Único con sus Planes nacionales. Lo único que queda por resolver es el volumen presupuestario final, que depende del acuerdo —por unanimidad— sobre los recursos propios y las grandes cifras del MFP.
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Cómo van las negociaciones: la posición del Parlamento
El Parlamento Europeo ha caminado con más cautela. En la fase de contactos informales con la Comisión (2025), logró arrancar concesiones significativas: la creación de un ‘Objetivo Rural’ dentro del Fondo Único con al menos el 10 % de los créditos de libre disposición, un 10 % suplementario de pagos por crisis en emergencias, y la posibilidad de reprogramar hasta el 40 % del ‘importe de flexibilidad’ en favor de la PAC desde 2028. Sumadas, estas partidas podrían suponer 93.700 millones de euros adicionales, acercando el presupuesto disponible al nivel del periodo 2021-2027. Pero son créditos potenciales, no garantizados, y el Consejo nunca los ha ratificado.
Las concesiones arrancadas por el Parlamento sumarían 93.700 millones, pero son créditos potenciales que el Consejo nunca ha ratificado
Internamente, el Parlamento aprobó en septiembre de 2025 una resolución defendiendo el mantenimiento de los dos Pilares y los dos Fondos. Su mandato de negociación de abril de 2026 sobre el conjunto del MFP fija un techo del 1,27 % de la Renta Nacional Bruta —un 10 % más que la propuesta de la Comisión— y plantea nuevos recursos propios sobre criptoactivos, apuestas online y servicios digitales. Respecto al Fondo Único, la posición es ambigua: lo acepta a cambio de que la PAC tenga un capítulo propio dentro de los Planes nacionales, pero el borrador de informe conjunto de las comisiones de Presupuestos, Agricultura y Cohesión, presentado el 14 de julio con 6.500 enmiendas, recrea de hecho los dos Pilares con un reparto fijo del 75 % para rentas y el 25 % para desarrollo rural. Los informes de los ponentes de la comisión de agricultura (COMAGRI) añaden otros matices: rechazan los pagos decrecientes, piden restablecer el pago redistributivo obligatorio y elevan el tope de ayudas por explotación hasta los 500.000 euros, frente a los 100.000 euros de la propuesta inicial de la Comisión.
Lo que queda por negociar
Cabe distinguir tres negociaciones de naturaleza distinta que conviven bajo un mismo paquete. En el terreno reglamentario hay margen real de consenso: nada impide que la PAC se plasme en un capítulo específico dentro de los Planes, o incluso que la Caja de ayudas a la renta reciba un nombre propio sin perder su integración en el Fondo Único. En materia de recursos propios, el peso del Parlamento es limitado frente a un Consejo Europeo que decide por unanimidad de los 27. Y en las grandes cifras del MFP —previsiblemente el principal campo de batalla— el Parlamento cuenta con una baza real: su poder de veto sobre el Reglamento del MFP.
A todo ello se suma un factor de incertidumbre añadido: en enero de 2027 se renuevan los órganos de dirección del Parlamento Europeo, y de esa recomposición interna puede depender que la Asamblea llegue a la fase de conciliación con un mandato conjunto y reforzado, o fragmentada y con menor capacidad de presión. Habrá que esperar a finales de 2026 o principios de 2027 para saber si los trenes del Consejo y del Parlamento, que hoy avanzan por vías distintas, terminan encontrándose o colisionando.
La Agricultura: un Sector Estratégico
Ignacio Atance Muñiz. 1º de septiembre de 2026. Plataforma Tierra F Cajamar
El pasado 12 de junio, el webinar organizado por Plataforma Tierra y Cajamar bajo el título: ‘¿Qué le falta a la PAC? Retos del sector agroalimentario español ante la reforma‘ reunió a más de 300 personas inscritas y cerca de 200 activas durante la sesión. Para dar voz al auditorio, se habilitó una encuesta en tiempo real mediante la herramienta Mentimeter, que posteriormente se mantuvo abierta para quienes leyeron el artículo de seguimiento publicado en este mismo blog. El cuestionario se cerró el 4 de julio, con un total de 159 participantes registrados.
¿Qué le falta a la PAC? El sector agroalimentario español ante la ReformaLeer la publicación
Una encuesta abierta, un diagóstico compartido
Los resultados no son una muestra representativa del sector agrario español. Lo son de un perfil muy concreto: personas con interés activo en la política agraria y suficiente proximidad al debate como para dedicar tiempo a responderlo. Eso les otorga valor como termómetro cualificado, aunque conviene no extrapolar más allá de lo que los datos permiten.
123 personas indicaron su perfil profesional. El resultado es un auditorio notablemente diverso: administración pública (19 %), investigación y universidad (19 %), técnicos y asesores agrícolas (18 %), agricultores y ganaderos (16 %), cooperativas u organizaciones agrarias (11 %) y una categoría abierta de otros perfiles (18 %). Esta composición es relevante para interpretar los resultados: la voz del productor está presente, pero no es mayoritaria. En cambio, hay una fuerte presencia de quienes analizan, asesoran o gestionan la política agraria, lo que da al conjunto un carácter técnico-institucional marcado.
Qué problemas no resuelve la PAC: la nube de palabras
La primera pregunta pedía a los participantes que identificaran, en formato libre, qué problemas del sector no encuentra respuesta en la PAC. El análisis de la nube de palabras resultante es elocuente. El relevo generacional emerge con diferencia como la preocupación más citada, seguida de un segundo bloque que agrupa rentabilidad, competitividad y precios, y un tercero centrado en burocracia y simplificación administrativa. La sostenibilidad y el medio ambiente aparecen también con frecuencia.
Entre las respuestas abiertas de seguimiento destacan reflexiones que van más allá de los tópicos habituales. Varias personas señalan la posición del agricultor en la cadena de valor y la ausencia de precios garantizados como el problema de fondo que la PAC no aborda. Otras apuntan a la dependencia estructural de las explotaciones respecto a las ayudas como un síntoma, no una solución. Y algunas voces, especialmente entre los agricultores, plantean que el problema no es solo económico, sino de reconocimiento social y atractivo profesional del sector.
El relevo generacional emerge con diferencia como la preocupación más citada en la encuesta
Cuatro afirmaciones, cuatro grados de acuerdo
El núcleo analítico de la encuesta son cuatro afirmaciones sobre las que se pidió posicionamiento en una escala de 1 a 5. Los resultados revelan un gradiente claro entre consenso y disenso.
- La afirmación más consensuada es que la PAC exige cada vez más en materia ambiental, pero no ofrece incentivos suficientes para que sea rentable cumplir (media 4,04 sobre 5). El 74 % de los respondientes está de acuerdo o muy de acuerdo, y solo el 12 % discrepa. El mensaje es nítido: no se cuestiona tanto la dirección medioambiental de la PAC, como la ausencia de coherencia entre lo que se exige y lo que se paga por cumplirlo.
- La segunda en consenso es que el relevo generacional depende más de cambios de enfoque que de presupuesto PAC (media 3,81). El 63 % está de acuerdo frente al 15 % en desacuerdo. Hay un bloque notable de indecisos (21 %), lo que sugiere que esta afirmación genera más reflexión que las demás: muchos pueden compartir el diagnóstico en abstracto pero dudar de sus implicaciones concretas, incluyendo que no sea también una cuestión de presupuesto.
- La tercera, con un consenso más matizado, es que el problema de la PAC no es de presupuesto, sino de cómo se reparte (media 3,67). El 59 % está de acuerdo, pero el porcentaje de respuestas neutras es el segundo más alto (24%). Esta afirmación tiene implicaciones redistributivas explícitas —si el problema es el reparto, la solución no pasa por pedir más dinero a Bruselas sino por redistribuir el existente—, y eso genera más cautela entre algunos perfiles.
- La más debatida es que las ayudas directas bloquean el acceso a la tierra (media 3,49). Es la única con desviación típica por encima de 1,25 y el mayor porcentaje de respuestas en los extremos. El 53 % está de acuerdo, pero el 19 % discrepa, y quienes discrepan lo hacen con convicción: 12 participantes marcan la puntuación mínima, más que en cualquier otra pregunta. Tocar las ayudas directas activa resistencias que las otras afirmaciones no generan.
Una mirada por perfiles: tendencias con cautela
El cruce entre los resultados de las Likert y el perfil profesional ofrece algunas tendencias interpretativas, aunque por el reducido tamaño de los subgrupos los resultados deben leerse como hipótesis para el debate, no como conclusiones estadísticamente robustas.
En la pregunta sobre el reparto frente al presupuesto, son los técnicos y asesores quienes más apoyan la tesis redistributiva (media 4,20), mientras que los agricultores son los más escépticos (3,23). Quienes observan el sistema desde fuera perciben con más claridad la ineficiencia distributiva; quienes dependen de las ayudas prefieren más dinero total antes que redistribuir el que hay.
En la afirmación sobre la exigencia ambiental sin remuneración, el patrón se invierte: cooperativas (4,78) y agricultores (4,54) son quienes más la suscriben, con casi un punto de diferencia respecto a administración e investigación (3,64 ambos). Es el único caso donde la brecha entre «los que producen» y «los que diseñan y analizan» es tan marcada, y también el más llamativo.
En la pregunta sobre el relevo generacional, los agricultores son los más escépticos de toda la tabla (3,00, el valor más bajo de cualquier perfil en cualquier pregunta) denotando que, para ellos, el relevo también depende del dinero. Investigación y cooperativas (4,00 ambos) son quienes más confían en que el cambio de enfoque puede ser suficiente.
En la pregunta sobre ayudas directas y acceso a la tierra, el resultado más llamativo es que los agricultores puntúan por encima de la media (3,77), reconociendo en mayor medida que las ayudas pueden dificultar el acceso. Son la administración y la investigación quienes más la rechazan (3,08 y 3,06), lo que invierte la intuición habitual.
A modo de conclusión… para seguir debatiendo
El consenso parece sólido en el diagnóstico en torno a que la PAC pide sin pagar suficientemente, el relevo generacional es más una cuestión de modelo que de presupuesto, y el reparto actual no es eficiente.
La fractura aparece en cuanto se habla de las implicaciones concretas de ese diagnóstico: si redistribuir las ayudas directas, repensar el modelo de pagos, es suficiente o no para corregir eso que ahora le falta la PAC. Es lógico, pues significa asumir que una reforma en profundidad tiene costes reales para explotaciones que hoy dependen de ese modelo.
