El insoslayable problema de la deuda pública
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com
La forma en que se maneje la deuda pública externa de Venezuela determinará sus posibilidades de recuperación. De ser cierta la cifra que publica el Financial Times (USD 240 mil millones), duplicaría con creces el valor de su Producto Interno Bruto (PIB) actual. Un monto imposible de pagar.
La deuda propiamente financiera la componen bonos de la República, de PdVSA y de la Electricidad de Caracas. Su valor nominal (capital) asciende a más de USD 96 mil millones. Sin embargo, la capitalización de los intereses acumulados desde el default de 2017 hacen que la cifra total se sitúe, hoy, por encima de los USD 110 mil millones. Según Transparencia Venezuela, para finales de 2024 existía, como deuda no financiera, unos USD 4 mil millones con los multilaterales, casi USD 20 mil millones de deuda bilateral –en la que destaca la contraída con China–, litigios y laudos arbitrales con inversionistas extranjeros y una deuda del BCV de más de USD 6 mil millones. Sumarían más de USD 60 mil millones adicionales. En total, superaría los USD 170 mil millones. El FT no aclara porqué su cifra es bastante superior. Podría deberse a acuerdos confidenciales con Rusia, China y/o Irán, para la adquisición de armamentos o equipos de seguridad del Estado, sin descartar ilícitos ”legitimados” a la sombra. También puede que el FT simplemente se haya equivocado, ya que no cita fuentes.
Sea como fuere, tan gigantesco monto de ninguna manera debe interponerse a la prioridad indiscutible que tiene, hoy, atender a los afectados por los devastadores terremotos del 24 de junio y reparar los inmensos daños materiales ocasionados. Éstos se calculan entre 19,6 (Banco. Mundial) y 37 mil millones de USD (Oficina de las NN. UU. para la Reducción del Riesgo de Desastres).
¿Cómo puede un país devastado doblemente, primero por el chavismo y luego por los terremotos, afrontar tan abrumadores compromisos? ¿Cuál es su capacidad real de pago?.
El FT publicó el 22 de julio que la Tesorería de EE. UU. había recaudado, desde comienzos de año, unos USD 13 mil millones por exportaciones petroleras venezolanas. No ha dado información sobre cuánto de este monto se lo ha quedado para cobrar deudas y otros compromisos asumidos –Trump alardea haber recuperado varias veces los gastos de la operación “Resolución Absoluta”–, cuánto le ha entregado al interinato, ni tampoco cómo se ha gastado. Los sueldos de los empleados del Estado continúan muy deprimidos, los servicios públicos muy precarios y PdVSA sigue requiriendo del financiamiento monetario del BCV para cancelar sus cuentas con el fisco. Son indicativos del escaso margen (espacio) fiscal existente. Además, la base tributaria interna se ha achicado mucho y la corrupción merma las alforjas públicas. Con el default de 2017 y las sanciones de la OFAC, Venezuela es paria en los mercados financieros internacionales. ¿Cómo asumir los impostergables gastos de reconstrucción luego de los terremotos? En tales condiciones, servir la deuda externa es un disparate.
Es obvio, entonces, la necesidad de Venezuela de negociar con sus acreedores la reestructuración de estos compromisos. Negarse a pagar, aduciendo que buena parte de esa deuda es ilegal y/o que fue contraída de manera irresponsable y criminal, si bien puede avalarse por razones éticas y de justicia, debe evaluarse contra la negativa de acceder a dinero fresco, tan necesitado en este momento. Nadie le presta dinero a quien, de entrada, dice que no pagará las deudas que se le atribuyen. Pero acceder a los mercados financieros internacionales, no puede ser a costa de las necesidades imperiosas de reconstrucción y recuperación del país. Lo que se acuerde debe ser consistente con sus posibilidades reales de pago en las actuales condiciones. Implica negociar un período amplio de gracia, extensión de plazos, rebaja de intereses y una reducción (“quita”) significativa de los montos adeudados. El análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD) es, por tanto, imprescindible. Pero exige aclarar las cuentas sobre variables fundamentales de la economía nacional y de la sostenibilidad intertemporal del presupuesto público, así como programas de estabilización y reforma que auguren el cumplimiento de los compromisos asumidos sin sacrificar la atención a las necesidades imperiosas de la población. En este marco, la postura ética, de justicia, tiene mucho sentido si logra fortalecer la posición negociadora de la nación frente a sus acreedores, sobre todo, de cara a la terrible tragedia actual. Pero el camino escogido por el interinato para abordar la reestructuración parece ir en dirección contraria.
Contratar a la firma, Centerview Partners, por USD 150 millones y pagos mensuales por USD 750.000, más una comisión de éxito equivalente al 0,1% del monto reestructurado, preocupa. Compromete ingentes recursos que representan un altísimo costo de oportunidad para la recuperación del país en estos momentos, sin que transmita certeza alguna de que vale la pena. Circulan versiones de que este contrato lo gestionó Maurice Claver Carone, quien ocupó la presidencia del BID entre 2020 y finales de 2022 –el único estadounidense en haber ejercido ese cargo, tradicionalmente reservado a América Latina– y es ahora, en la segunda presidencia de Trump, Enviado Especial del Departamento de Estado para América Latina, vinculado, por tanto, con Marco Rubio. Plantear una reestructuración presurosa de la deuda, al margen del FMI y con muchos cabos sueltos, ¿tendrá que ver con el interés del Secretario de Estado por avanzar en su plan de tres etapas para Venezuela, buscando reinsertar al país cuanto antes en los mercados financieros internacionales como condición, o estarán privando otras razones? La poca claridad hasta ahora se presta a mucha suspicacia.
Cabe señalar que para los países que integran y dominan los circuitos financieros del mundo es central evitar que sus operaciones se presten al lavado de dinero sucio y/o al financiamiento de organizaciones terroristas. Para ello, se han dotado de asesorías que han sistematizado un conjunto de recomendaciones para prevenir tales posibilidades. Son muy pertinentes para el caso venezolano. No “limpiar” de deudas contaminadas al arqueo compilado para negociar su reestructuración introduce gran incertidumbre al proceso, al exponerlo a todo tipo de litigios. Atenta contra las posibilidades de que puedan acordarse las mejores condiciones para el país. Asimismo, la opacidad y complejización que podría existir ante intentos por legitimar, a través de esta negociación, operaciones de lavado de dinero se presta, también, a acciones de fondos buitres por cerrarse a cualquier acuerdo que no multiplique con creces su inversión en aquellos bonos, como los de PdVSA, que no están blindados por cláusulas de acción colectiva (CAC). Junto a la falta de claridad de las cuentas públicas del país, dificulta enormemente las posibilidades de obtener condiciones favorables. Puede obligar a negociar de nuevo la reestructuración de la deuda en circunstancias quizás peores, al no poder cumplir con los pagos. Alargaría su solución, aumentando sus costos, como les pasó a Argentina y a Grecia este siglo.
Por otro lado, la deuda contraída sin autorización de la Asamblea Nacional, como es el caso de los bonos 2020 de PdVSA, es ilegal. La amenaza de que muchos de los bonos emitidos sean vehículo para lavar dinero proveniente de las notorias corruptelas vinculadas con CADIVI, contrataciones de PdVSA y otros ilícitos, obliga a indagar, celosamente, si las deudas a negociar son susceptibles a ser penalizadas en los países de los acreedores, conforme a lo acordado contra estas prácticas o contra el financiamiento de organizaciones terroristas. Una negociación que no logre solventar exitosamente todos estas dudas puede condenar al país a una carga de obligaciones futuras tan pesadas y rígidas que impedirán que levante cabeza por décadas. La premura de algunos bonistas por que se resuelva lo suyo no justifica precipitar tales peligros. No le echemos esa vaina a nuestros hijos y nietos.
La reestructuración de la deuda no puede ser abordada sino como un gran acuerdo nacional, conducida por los mejores expertos, con un programa claro y consensuado de recuperación del país, y con respaldo pleno del FMI y otros entes multilaterales, así como con la buena voluntad de países amigos, dispuestos a perdonar nuestros compromisos (deuda bilateral) con ellos. Tomará más tiempo, pero la nación debe salvaguardar sus intereses, saber qué está negociando y cuáles son sus fortalezas y debilidades, para poder alcanzar los objetivos propuestos. En un marco de negociación como el propuesto, poner nuestras cuentas en orden no debe ser óbice para concertar créditos puente que nos permitan atender, con urgencia, las emergencias presentes. La condición clave es, desde luego, la confianza, respaldada por la articulación de un equipo negociador experto e inobjetable, apoyado en un proceso de recuperación institucional legitimado por la restauración de la soberanía popular a través de la elección de sus gobernantes. No es lo que está planteado ahora con el proceso opaco e incierto que anuncia Delcy Rodríguez, encomendado a Centerview Partners.
Es demasiado lo que está en juego como para abordarlo como una simple operación de ingeniería financiera para reintegrar a Venezuela, cuanto antes, a los mercados financieros. Valga la oportunidad para hacer un merecido reconocimiento a Miguel Rodríguez Fandeo, ministro de Cordiplán de la época, y al equipo que lo acompañó, entre quienes quiero mencionar a Carlos Hernández Delfino, por la exitosa reestructuración que logró en el marco del llamado Plan Brady al comienzo del gobierno de Carlos Andrés Pérez II. Además de librar al país de una carga asfixiante de deuda y recibir nuevos financiamientos, logró recuperar la confianza del país en los circuitos económicos más importantes, abriendo posibilidades de desarrollo que, lamentablemente, fueron truncadas luego por el atraso político. Y todo ello sin contrataciones multimillonarias como las hechas con Centerview Partners.
Las condiciones, hoy, son otras y el contexto es mucho más difícil y engorroso. Pero, precisamente, en estas circunstancias debemos apoyarnos en la convicción de que, como se mostró antes, sí se puede. Procuremos que, en el marco del debate político y de movilización para la transición política, logremos, también, conquistar las condiciones necesarias para una reestructuración exitosa de la deuda.
