Cómo el tratado con la Unión Europea puede dinamizar la institucionalidad y la productividad del Mercosur.
Pablo Marcelo Garcia, Maria Agustina Lacunza y Rocio Eva Tempestti. Mayo 29, 2026

Más que aranceles, el Acuerdo Mercosur-UE crea un marco institucional que tiene el potencial de transformar la productividad, la inversión y la gobernanza del bloque.
- Los resultados dependerán de una implementación eficiente que genere las condiciones para el aprovechamiento del Acuerdo por parte del sector privado.
- El BID acompaña al Mercosur con financiamiento, conocimiento y asistencia técnica para traducir el tratado en resultados concretos.
¿Por qué un acuerdo comercial puede importar más por sus reglas que por sus aranceles? Luego de 25 años de negociación, el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) llegó en un momento decisivo. El mundo atraviesa una reconfiguración de las cadenas de valor, tensiones geopolíticas y la aceleración de la transición digital y energética. En ese contexto, el acuerdo impulsa una integración birregional que va más allá del intercambio de bienes y servicios.
En esencia, puede convertirse en un ancla institucional para los países del bloque. Puede fortalecer las reglas de juego, dar mayor previsibilidad, ampliar la cooperación política e institucional y generar mejores condiciones para modernizar la producción y atraer inversiones de largo plazo.
El desafío es claro: la región necesita elevar su productividad y atraer inversión de calidad. Los marcos regulatorios actuales no siempre acompañan ese objetivo. El Acuerdo Mercosur-UE no solo implica una desgravación arancelaria, sino que, además, tiene la capacidad de catalizar las reformas regulatorias e institucionales que la región necesita por sí misma, con o sin tratado. Esto implica adoptar buenas prácticas regulatorias internacionales, modernizar marcos normativos y fortalecer la gobernanza. Esta es, en muchos sentidos, una de las dimensiones más transformadoras del tratado.
¿Por qué este es un acuerdo distinto?
El Acuerdo entre el Mercosur y la UE crea un espacio de más de 700 millones de personas, equivalente al 20% del PIB global, un tercio del comercio internacional y una cuarta parte de la inversión extranjera directa (IED) del mundo.
El rasgo distintivo del acuerdo, para los países del Mercosur, es el alcance de las disciplinas que abarca. No se limita al acceso a mercados de bienes. También incluye compromisos en comercio de servicios, compras públicas, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas, reglas de origen, propiedad intelectual y desarrollo sostenible, entre otras disciplinas.
Estudios recientes señalan que los acuerdos comerciales “profundos” —aquellos que van más allá de los aranceles para incluir otras disciplinas— generan mayores beneficios comerciales que los acuerdos superficiales. Adicionalmente, esas disciplinas pueden tener efectos favorables en áreas como la atracción de IED y la calidad ambiental, si bien dichos efectos son heterogéneos y dependen del tipo de provisión y del contexto institucional de cada país.
Más allá del comercio: gobernanza, previsibilidad e impulso institucional
En un escenario global marcado por la incertidumbre, un acuerdo basado en reglas claras y mecanismos institucionales robustos puede aportar mayor previsibilidad para los negocios internacionales. Las reglas sobre defensa comercial, propiedad intelectual, solución de controversias, procedimientos aduaneros, estándares técnicos y transparencia regulatoria reducen la discrecionalidad y fortalecen la seguridad jurídica.
Por ejemplo, el capítulo sobre transparencia exige publicar normas de forma accesible y oportuna, informar con antelación sobre nuevos proyectos regulatorios y basar las regulaciones en evidencia técnica. Esto no solo reduce la incertidumbre para las empresas; también puede mejorar la calidad del proceso regulatorio de los propios países del Mercosur.
La experiencia histórica es elocuente. El stock de IED europea se multiplicó en los países que firmaron acuerdos de este tipo con la UE: casi siete veces en México, cuatro veces en Chile, y cerca de diez veces en Egipto y en Sudáfrica (Figura 1).
Figura 1. Cambios sobre el stock de IED europea en los países que firmaron acuerdos con la UE

Fuente: elaboración propia en base a datos de Eurostat y UNCTAD
Si bien, ese aumento no puede atribuirse al acuerdo de forma exclusiva, distintos estudios muestran que los acuerdos comerciales funcionan como señales de confianza para los inversores internacionales. Al firmarlos, los países asumen compromisos cuyo incumplimiento tiene costos políticos, institucionales y reputacionales más altos que los de los compromisos domésticos, lo que reduce la incertidumbre y favorece la llegada de capital.
Como señalan Büthe y Milner (2008), la asociación con la Unión Europea envía una señal de estabilidad regulatoria y apertura difícil de igualar únicamente con reformas internas. Adicionalmente, también puede impulsar la llegada de inversiones de terceros países que buscan integrarse a cadenas de valor vinculadas a la UE. El acuerdo no solo corrige distorsiones. Al establecer reglas claras y previsibles, promueve una apertura gradual que incentiva mejoras en productividad, eficiencia y calidad, tanto en la industria como en los servicios.
Mejoras en productividad
Estas mejoras en productividad se materializan por tres canales principales. Primero, una mayor competencia puede incentivar la reconversión productiva y la eficiencia de los sectores menos competitivos. Segundo, el acceso a insumos y bienes de capital a menor costo puede facilitar la adopción de tecnologías más avanzadas. Y tercero, el acceso preferencial a un mayor número de consumidores permite ampliar la escala de producción y reducir costos.
La evidencia también respalda estos efectos. Distintos estudios muestran que en países emergentes la apertura comercial suele impulsar la productividad y la innovación de las empresas. Buena parte de esa evidencia surge de procesos de apertura en Chile, Brasil, Argentina y México durante las décadas de 1980 y 1990. En la misma línea, Melitz y Redding (2023) sostienen que el comercio internacional también puede producir mejoras dinámicas de productividad que, en el largo plazo, resultan incluso más importantes.
Por último, los beneficios no se proyectan solo hacia afuera. La asociación con la UE también puede impulsar una mayor integración dentro del Mercosur. A medida que los países del bloque adapten sus normas y políticas a las disciplinas del Acuerdo, también tenderán a converger entre sí. Esa armonización regulatoria puede generar efectos positivos sobre el comercio intrarregional. Al mismo tiempo, el acuerdo crea mecanismos de diálogo y cooperación que requieren mayor coordinación entre los socios, lo que puede fortalecer la gobernanza y cooperación regional y consolidar la capacidad negociadora del Mercosur frente a terceros.
El desafío de la implementación
Desde el 1 de mayo de 2026, con la entrada en vigor provisional del Acuerdo Interino de Comercio (iTA), el foco pasó a la implementación. El iTA comenzó a regir tras la aprobación de los cuatro parlamentos del Mercosur y la decisión del Consejo de la Unión Europea de autorizar su aplicación provisional.
La ratificación simultánea en los cuatro países del bloque permite que los beneficios arancelarios y las nuevas disciplinas entren en vigor al mismo tiempo, lo que favorece una implementación coordinada y el aprovechamiento de sinergias entre los socios.
Sin embargo, en la fase de implementación surgen cuatro desafíos clave: armonizar las normas nacionales con las nuevas disciplinas; definir la gestión y distribución interna de las cuotas otorgadas por la UE; impulsar una estrategia de difusión y capacitación para el sector privado; y establecer sistemas de monitoreo de los impactos sectoriales y regionales.
Estas prioridades revelan que la implementación no es un asunto menor ni meramente técnico-burocrático. Es la etapa en la que se definirá cuánto de los beneficios potenciales logra transformarse en resultados concretos para empresas, trabajadores y ciudadanos. Al mismo tiempo, como en todo proceso de apertura, habrá sectores que enfrenten mayor presión competitiva, lo que hace que el monitoreo de los impactos distributivos sea parte indispensable de una implementación responsable.
En ese sentido, la implementación del acuerdo requiere que los países del Mercosur emprendan una agenda de reforma regulatoria, que ofrece una oportunidad de modernización para marcos normativos que, en muchos casos, no se actualizan desde hace décadas. Por ejemplo, en las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS), la adopción de procedimientos modernos de análisis de riesgo y notificación no solo puede reducir rechazos en frontera y facilitar el acceso al mercado europeo, sino que también puede mejorar la calidad de la regulación doméstica. En compras públicas, la digitalización y estandarización de las licitaciones fortalecen la gobernanza del gasto público y promueven una mayor competencia entre proveedores.
Por otra parte, la experiencia demuestra que la desgravación arancelaria es condición necesaria, pero no suficiente, para aprovechar las oportunidades del acuerdo. La capacidad exportadora depende de que las empresas y los sistemas regulatorios de los países del Mercosur puedan cumplir con los requisitos de etiquetado, trazabilidad, evaluación de conformidad y estándares sanitarios exigidos por el mercado europeo. A eso se suman las certificaciones privadas que exigen compradores y cadenas minoristas europeas, que en la práctica funcionan como requisitos de ingreso de facto.
Rodrik (2018) enfatiza que, en la medida en que los acuerdos comerciales se adentran en el terreno regulatorio, normativo y de procesos, se han vuelto más complejos de analizar con la teoría económica tradicional, dado que sus impactos son multidimensionales y altamente dependientes de la capacidad institucional de los países que los implementan. Precisamente por ello, la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades institucionales son componentes indispensables del proceso.
Apoyo del BID y serie de entradas de blogs
Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hemos sido un socio estratégico del Mercosur y continuaremos acompañando a los países, no solo con financiamiento, sino también con generación de conocimiento, asistencia técnica y apoyo a la implementación y al aprovechamiento del acuerdo.
Este artículo inaugura una serie de blogs relacionados con el acuerdo, orientados a traducir el contenido técnico del tratado en políticas públicas concretas, como, por ejemplo: ¿Qué deben hacer las aduanas del Mercosur para ponerse al nivel de los estándares europeos? ¿Cómo pueden las empresas cumplir con las reglas de origen y aprovechar el acceso preferencial? ¿Qué oportunidades abre el Acuerdo para las empresas de servicios digitales? ¿Cómo asegurarse de que la transición sea ordenada?
La desgravación arancelaria es la dimensión más visible del acuerdo, pero no necesariamente la más transformadora. Las disciplinas regulatorias, los compromisos de modernización institucional y el impulso a la gobernanza constituyen el núcleo del Acuerdo como herramienta de desarrollo. La magnitud de sus beneficios no dependerá solo de la firma del Acuerdo, sino también de la calidad de su implementación. El desafío —y también la oportunidad— empieza ahora.
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