Porque Venezuela necesita algo más que elecciones
Yvan Serra. sep 07, 2026.
Uno de los planteamientos que más se repite en el debate sobre el futuro de Venezuela es la necesidad de un gobierno legítimo: gobernantes electos según reglas democráticas, con transparencia y respeto al resultado. Es una demanda razonable, la primera que cualquier país en la posición de Venezuela debería hacer. Pero mirar con cuidado la historia reciente deja un problema incómodo: los episodios más graves de nacionalización arbitraria, desconocimiento de arbitrajes internacionales y ruptura con las instituciones multilaterales que protegían la inversión no ocurrieron bajo un régimen sin legitimidad de origen. Ocurrieron bajo Hugo Chávez, un presidente que, de acuerdo con los criterios de una democracia minimalista, no podía negársele la legitimidad electoral.
En 2007, el Estado nacionalizó CANTV y la Electricidad de Caracas, y forzó la migración de los contratos petroleros de la Faja del Orinoco a empresas mixtas de mayoría estatal, lo que llevó a ExxonMobil y ConocoPhillips a litigios internacionales que se extienden hasta hoy. En 2008 le tocó a SIDOR. En 2009, al Banco de Venezuela. Y en enero de 2012 el gobierno formalizó el retiro del CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones: el organismo del Banco Mundial creado justamente para proteger a los inversionistas extranjeros de decisiones arbitrarias de los Estados receptores. El retiro produjo efectos ese mismo julio. No fue un gobierno que llegó al poder por la fuerza y luego actuó en consecuencia. Fue un gobierno elegido en las urnas que decidió, con esa legitimidad de origen intacta, desmontar uno por uno los mecanismos que protegían la propiedad y la inversión.
Lo que la democracia garantiza y lo que no
Esto obliga a separar dos cosas que el debate público venezolano tiende a fundir en una sola. La democracia es un bien en sí mismo: valoramos que la gente tenga poder sobre las decisiones que afectan su vida y su autonomía, y eso no es negociable. Pero la democracia, por sí sola, no garantiza el respeto a la propiedad privada ni a las inversiones. Y el crecimiento económico y el progreso del país requieren un entorno de negocios favorable que la democracia, lamentablemente, no puede asegurar por sí misma. Confundir ambas cosas, asumir que basta con recuperar elecciones limpias para que vuelva la inversión, es, me parece, el error central de buena parte del discurso sobre la transición venezolana.
Un problema que ya se había previsto
Esto no es nuevo. Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill lo anticiparon en el siglo XIX y le pusieron nombre: la tiranía de la mayoría. La advertencia era simple y sigue siendo válida: una mayoría, incluso actuando dentro de reglas formalmente democráticas, puede imponerse sobre los derechos individuales y la propiedad de las minorías.
Casi dos siglos después, Anna Lührmann y Staffan Lindberg documentaron en 2019 el mecanismo concreto por el que eso sigue ocurriendo hoy: lo que llamaron la tercera ola de autocratización. A diferencia de las olas anteriores, que avanzaban por golpes de Estado, la erosión democrática actual avanza casi siempre de forma gradual y con fachada legal, y suele estar conducida por un liderazgo mesiánico y carismático que sabe capitalizar su propio respaldo popular para ir corriendo, paso a paso, los límites que deberían contenerlo. El resultado de ese proceso, cuando se completa, es lo que Fareed Zakaria llamó en 1997 democracia iliberal: un sistema donde el gobernante llegó al poder por elecciones limpias, pero gobierna con independencia de la ley.
Es, casi con exactitud, la secuencia venezolana: ninguna de las nacionalizaciones ni el retiro del CIADI requirió romper el orden constitucional. Cada paso tuvo su propia justificación jurídica.
Y eso es lo que hace al fenómeno tan difícil de enfrentar a tiempo. Un golpe de Estado se reconoce de inmediato. Una erosión gradual con fachada legal no.
Dos vías, no una
Si la democracia no basta por sí sola, y si el tipo de erosión que describen Lührmann y Lindberg avanza precisamente porque nadie la detecta a tiempo, entonces hacen falta dos cosas trabajando en paralelo. Por un lado, una estructura constitucional que ponga límites reales a las atribuciones de quien gobierna: el elemento liberal propiamente dicho. Por otro, una cultura política —tanto de las élites como de la ciudadanía— con la intuición suficiente para detectar a un liderazgo dispuesto a erosionar la institucionalidad para su propio beneficio, incluso cuando cada paso individual parezca legal y razonable.
Ninguna de las dos alcanza sola. Una constitución liberal sin una cultura que la defienda es papel que se reforma cuando conviene. Una ciudadanía vigilante sin límites constitucionales donde apoyarse no tiene manera de traducir esa vigilancia en un freno efectivo.
Un dilema que no tiene salida fácil
La ciudadanía puede optar electoralmente por escoger élites incompetentes o autoritarias. Las élites incompetentes no son, en el fondo, un problema grave: ese es exactamente el tipo de error que la propia democracia puede corregir en la siguiente elección, cuando los ciudadanos decidan castigar el mal desempeño. Las élites con vocación autoritaria son otra cosa. Ahí no hay corrección posible desde dentro del sistema, porque el objetivo de esas élites es, precisamente, desmontar los mecanismos que permitirían corregirlas.
Protegernos de esas élites —de las que tienen vocación autoritaria, no de las simplemente mediocres— no es una traición al principio democrático. Es una condición para que ese principio siga funcionando en el tiempo. Un diseño institucional que intentara protegerse de la incompetencia electoral terminaría, tarde o temprano, dejando de ser una democracia; ese no es el problema que hay que resolver. El que sí hay que resolver, y que dejo abierto porque no tengo respuesta, es cómo protegerse de las élites con vocación autoritaria sin caer en la tentación de restringir el voto a quienes consideramos mejor calificados.
Lo que esto significa para la reconstrucción
Venezuela requiere inversiones masivas para su reconstrucción, y dudo que los inversionistas confíen solamente en la legitimidad de origen de un gobierno electo. Lo más probable es que busquen el paquete completo: una democracia liberal, con límites constitucionales creíbles y un compromiso de largo plazo con la protección de inversiones y capitales. La memoria de 2012 —un país que se retiró del organismo diseñado precisamente para protegerlos— no se borra con una elección limpia, por más limpia que sea.
La conversación pendiente
Pedir elecciones libres es necesario. Pero como demanda única, es insuficiente. Y seguir tratándola como si bastara retrasa la conversación que Venezuela realmente necesita: sobre los límites constitucionales al poder, y sobre una cultura de élites capaz de reconocer a tiempo cuándo un liderazgo legítimamente electo empieza a construir, paso a paso y con toda legalidad aparente, una democracia iliberal a partir de la legitimidad que le dieron las urnas.
