Habiendo transcurrido ocho meses desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos, las posibilidades de recuperación, con un régimen de garantías y de respeto por los derechos fundamentales de los venezolanos, no terminan por materializarse. El precio oficial del dólar se ha incrementado en más de 150% este año y la inflación acumulada es de 130%. A la tasa de junio, cerrará en 280% a final de año. El llamado ingreso mínimo integral, fijado el 1º de mayo, es de USD 240. Está compuesto casi exclusivamente por bonos para no generar las prestaciones laborales estipuladas en nuestro ordenamiento jurídico. El costo de la canasta familiar básica en junio más que triplicaba este ingreso, según cálculos de la FVM-Cendas. Los proventos por exportación de nuestro crudo, al ser administrados por el Depto. del Tesoro del gobierno de EE. UU., no se conocen, a pesar de las fanfarronadas de Donald Trump. Mientras, el país sigue aislado de los mercados financieros internacionales. Encima, nuestra crisis humanitaria compleja se agravó significativamente con los damnificados por el doble terremoto del pasado 24 de junio. ¿Cómo superar tan desoladora situación? .
Un intento realista de responder a la pregunta anterior debe partir del reconocimiento de que el paìs está devastado. Partimos de cero, con un Estado fallido, sin recursos ni capacidades (¿disposición?) para responder a las necesidades de la población. Olvidémonos de un milagro petrolero que venga a auxiliarnos, como ocurrió varias veces en el pasado al dispararse repentinamente sus precios en el mercado mundial. Con la interrupción de suministros por el estrecho de Ormuz, ya están muy altos. Y nuestras exportaciones no superan el millón de barriles diarios. ¿Cuánto está entrando al país?
En las condiciones descritas, mejorar los niveles de vida de la población está irremediablemente determinado –cual ley de hierro–, por incrementos en la productividad. Nada más. ¿De qué depende?
Para incrementar la productividad hace falta invertir, promover innovaciones, desarrollar tecnologías adecuadas, aprender a competir, mejorar suministros y servicios de apoyo, y proveer externalidades que reduzcan los costos de transacción. Pero no ocurrirá sin acceso a financiamiento internacional, sin ahorros y con la industria petrolera muy disminuida. Así no aumentarán los ingresos del venezolano.
El problema, constatado por todos, está en que lo referido no ocurrirá en la Venezuela de hoy por la inexistencia de instituciones que inspiren confianza y redunden en las seguridades requeridas. Al hablar de instituciones nos referimos a la necesaria reconstitución del Estado republicano basada en la soberanía popular y orientado a servir a la nación conforme a preceptos constitucionales definitorios. Porque fue destruido. En ausencia de la independencia y autonomía de poderes, y de la vigilancia activa y crítica de medios de comunicación libres y críticos, lo que quedó del Estado fue un aparataje permeado por corruptelas, cuyos recursos fueron empleados en actividades de terrorismo de Estado contra el pueblo para defender a una élite mafiosa que se cogió al país en nombre de la “revolución”..
Habrá que reformar, desde luego, leyes, reglamentos y procedimientos, y derogar aquellos que contrarían los derechos consagrados en nuestra Carta Magna. Pero lo fundamental será contar con instancias públicas capacitadas, alineadas y comprometidas con los fines republicanos, cumplidoras celosas de esas normas, que rindan periódicamente cuentas, sean transparentes y estén abiertas a propuestas que mejoren su pertinencia, desempeño y eficacia. Es retornar a la visión primigenia de la democracia social, en la que el Estado está al servicio de la población y no de una élite dominante.
Pero una reconstitución del Estado democrático así concebida, necesita recursos cuantiosos que el país no tiene. Debe partir de una vocación inspirada en un proyecto político liberal consustanciado con la mejora sostenida en las condiciones de vida de las mayorías. Acceder a los recursos requeridos pasa por resolver la carga que significa la descomunal deuda contraída por el chavismo. Ésta es imposible de pagar, pero, al no hacerlo, nos excluye de nuevos créditos. De ahí la necesidad de reestructurar a satisfacción esa deuda. Precisa de un marco institucional que transmita credibilidad y compromiso con los términos que se acuerden. Éstos deben permitir la atención a la tan necesitada recuperación del país. Si el país no crece para satisfacer sus requerimientos, tampoco deberá pagar.
Es menester la reforma institucional a que se hizo referencia arriba para ordenar las cuentas públicas, verificar y conciliar papeles de deuda, erradicar corruptelas y ejecutar un programa viable de estabilización y de recuperación que provea los recursos con los cuales honrar sus compromisos, a la vez que, en paralelo, se atiendan las necesidades del país. Son criterios que deben guiar un análisis de sostenibilidad de la deuda pactada. Servicios, asesorías y respaldos financieros del FMI y de otros organismos multilaterales serían aportes significativos para fortalecer la capacidad negociadora de la nación frente a los acreedores. Mientras mayor sea la solidez y credibilidad de las instituciones, y más robusto sean los programas de estabilización macroeconómica y de reforma necesarios para generar crecimiento, más seguras serán las garantías percibidas por los acreedores para aceptar condiciones favorables a la nación: años iniciales de gracia, alargamiento de plazos, canjes de deuda por inversión, rebajas de interés, recorte del capital adeudado y dinero fresco.
El dinero fresco será decisivo para paliar la emergencia humanitaria compleja del país, para reformar el Estado, recuperar sus servicios, privatizar sus empresas, modernizar sus procedimientos, adecuar su normativa y remunerar a sus empleados dignamente, con base en criterios meritocráticos. Un Estado más ágil y eficiente coadyuva en mejorar las condiciones de vida de la población. Se objetará que todo ello toma tiempo, que sus resultados empezarán a apreciarse hacia el mediano plazo y que el hambre y las necesidades básicas son, para muchos, un asunto de urgencia. Que no pueden esperar. Cierto, pero la perspectiva de restablecer instituciones sólidas y regresar a un Estado de derecho bajo una fuerza comprometida con el cambio, resultado de elecciones abiertas y confiables, permitirá al nuevo gobierno acceder de inmediato a créditos puente para atender a muchas de estas urgencias, con el respaldo de una eventual reestructuración provechosa de la deuda pública que, bajo un programa político solvente, permitirá recuperar al país y reembolsar los compromisos adquiridos.
La precariedad institucional del interinato de Delcy Rodríguez, su ilegitimidad, condicionamiento a intereses extranjeros opacos y su notorio desorden administrativo, son factores de incertidumbre que aumentan la prima de riesgo a exigir por los acreedores al negociar con el Estado la reestructuración de sus demandas. Es un peso bastante oneroso que acarrea graves perjuicios para la recuperación económica de Venezuela, reduciendo, además, su atractivo para la inversión extranjera.
Si no se prioriza el restablecimiento de instituciones sólidas conforme al ordenamiento republicano de nuestra constitución para arribar, cuanto antes, a la vigencia plena de los derechos y libertades ahí consagrados, no avanzará, a satisfacción de las mayorías, la mejora de sus condiciones de vida. Por tanto, tampoco habrán de generarse condiciones para estabilizar al país, ni para atraer las inversiones y el talento necesarios para desarrollar sus potencialidades. Tampoco retornará la diáspora.
Es primordial propiciar los procesos políticos que permitan restituir la soberanía popular. Trata de unas elecciones que permitan el rescate de un Estado que esté al servicio de la población. Como primera condición, deben liberarse a los presos políticos que quedan, desarticular a los aparatos represivos, promover el ejercicio libre de los medios de comunicación y el retorno, sin penalidades, de los exiliados por razones políticas, María Corina Machado, Edmundo González U. entre ellos. Impulsar la transición democrática es condición para la estabilización y la recuperación. Eso lo debe saber Marco Rubio. ¿Estará el protectorado gringo dispuesto, al fin, a invertir el orden de su fórmula propositiva?
